#TataQuispe

En estos últimos días se ha llegado a conocer por los medios de comunicación que varios funcionarios públicos fueron encontrados en horarios fuera de señalado en el Decreto Supremo Nro. 4200, incluso en reuniones comunitarias como es el caso del señor Rafael Quispe que se encontraba en una comunidad del Municipio de Achocalla, a este efecto es necesario hacer un análisis respecto a las implicaciones jurídicos que representa el manejo de la cosa pública en tiempos de la cuarentena.

DECLARATORIA DE EMERGENCIA EN BOLIVIA POR EL CORONAVIRUS

A partir del Decreto Supremo Nro. 4179 de fecha 12 de Marzo de 2020 la Presidenta de Bolivia Jeanine Añez declaro SITUACIÓN DE EMERGENCIA NACIONAL POR LA PRESENCIA DEL BROTE DE CORONAVIRUS (COVID-19) ello en todo el territorio nacional; para posteriormente en fecha 16 de marzo de 2020 mediante Decreto Supremo Nro. 4192 determinar MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTENCIÓN PARA LA EMERGENCIA NACIONAL CONTRA EL BROTE DEL CORONAVIRUS, estableciendo HORARIO CONTINUO de actividades en sectores públicos y privados a cuyo efecto se estableció el horario de trabajo de 08:00 a 16:00 hasta el 31 de marzo del 2020, quedando exceptuado de esta disposición los siguientes funcionarios públicos y autoridades públicas_

  • Policía Boliviana
  • Fuerzas Armadas
  • Otros que deban desarrollar actividades fuera de ese horario, en razón a su trabajo.

El artículo 3 del Decreto Supremo 4192 establece que quedan prohibidas toda las REUNIÓNES SOCIALES, CULTURALES, DEPORTIVAS Y RELIGIOSAS que aglutinen a personas en un solo lugar; de la misma forma quedan prohibidas toda actividad en discotecas, bares, cines, escenarios deportivos, gimnasios y parques de diversión; ello como primera medida de prevención de expiación de la PANDEMIA DEL CORONAVIRUS.

Posteriormente, se promulgo el Decreto Supremo Nro. 4196 de fecha 17 de marzo de 2020 se declaro EMERGENCIA SANITARIO NACIONAL Y CUARENTENA EN TODO EL TERRITORIO DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA ello como consecuencia del brote del Coronavirus (COVID-19) inicialmente señalado hasta el 31 de marzo del 2020, estableciendo que todos los estantes y habitantes en Bolivia deberán permanecer en cada domicilio a partir de horas 17:00 hasta horas 05:00; excepcionalmente se determina que las siguientes instituciones por razones de necesidad podrán circular fuera del horario establecido siendo los mismos:

  • Servicios de salud del sector público y privado;
  • Policía Boliviana;
  • Fuerzas armadas; y
  • Otras instituciones, empresas de servicios públicos e industrias públicas y privadas que por la naturaleza de sus funciones deban actividades en el horario establecido.

El artículo 7 del Decreto Supremo 4196 determina reitera LA PROHIBICIÓN DE REUNIONES y actividades sociales, culturales, deportivas, religiosas y otras que impliquen aglomeración de personas; véase bien que siendo reiterativa esta disposición que establecía los mismos parámetros señalados en el Decreto Supremo Nro. 4192; este disposición emanada por el Gobierno Boliviano no establece ya un número de personas, sino que queda prohibida toda reunión de personas; entre otras medidas se disminuye la jornada laboral hasta horas 13:00 estableciéndose excepciones la jornada laboral para miembros de la Policía Bolivia, Fuerzas Armadas, personal de salud y otros que por la naturaleza de sus funciones deban desarrollar actividades en un horario distinto al señalado anteriormente.

En fecha, 21 de marzo de 2020 se promulga el Decreto Supremo Nro. 4199 donde se declara CUARENTENA TOTAL EN TODO EL TERRITORIO DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA, CONTRA EL CONTAGIO Y PROPAGACIÓN DEL CORONAVIRUS (COVID-19), y que dicha cuarentena estaria vigente hasta el Sábado 4 de Abril de 2020, con las mismas restricciones y excepciones establecidas en los dos anteriores decretos supremos; entrando en vigencia AUTORIZACIONES PARA VEHÍCULOS PRIVADOS Y PUBLICOS solo para personal de salud, personal autorizado para atender emergencias, medios de transporte para personal de los servicios de salud y de abastecimiento de artículos de primera necesidad, farmacéuticos y que brindan atención y cuidado a la población vulnerable que deben desarrollar actividades; nótese que esta disposición legal en ningún momento establece que FUNCIONARIOS PÚBLICOS DE CUALQUIER INSTITUCIÓN PÚBLICA QUE NO TENGA ESTAS ACTIVIDADES IDENTIFICADAS ESTAN AUTORIZADAS PARA CIRCULAR DENTRO DEL TERRITORIO BOLIVIANO.

El artículo 3 del DS Nro. 4199 establece que QUEDA PROHIBIDA LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS PÚBLICOS Y PRIVADOS SIN LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE DE LA AUTORIDAD COMPETENTE (Art. 3.I.a del DS Nro. 4199) a cuyo efecto debe entenderse que la responsabilidad es extensible a la autoridad competente que AUTORIZO QUE UN FUNCIONARIO PÚBLICO CIRCULE POR EL TERRITORIO BOLIVIANO.

Mediante Decreto Supremo Nro. 4200 de fecha 25 de marzo de 2020 se establece nuevas medidas sanitarias para el cumplimiento de la cuarentena total declarada en el Decreto Supremo Nro. 4199,  a este efecto se dispone la salida controlada de ciudadanos a efectos de abastecerse de productos alimenticios por el dígito de cada cédula de identidad; en esta nueva disposición legal se ratifica en el personal necesario e indispensable y necesario que deba circular por el territorio Boliviano.

DS 4200 – ARTÍCULO 9.- (DEBER DE COLABORACIÓN).
En el marco de la emergencia sanitaria nacional y el presente Decreto Supremo, todas las instituciones y entidades públicas y las personas privadas naturales y jurídicas en coordinación con las distintas Carteras de Estado del Órgano Ejecutivo y las Entidades Territoriales Autónomas, deberán prestar su máxima colaboración temporalmente para disponer y utilizar los bienes y servicios necesarios que garanticen la lucha contra el contagio y propagación del Coronavirus (COVID-19).
El nivel central del Estado y las Entidades Territoriales Autónomas, en el marco de sus atribuciones, competencias y responsabilidades, garantizarán la compensación razonable por la utilización de los bienes y servicios prestados por personas privadas naturales y jurídicas.

La presente disposición legal establece que TODAS LAS INSTITUCIONA PÚBLICAS Y PRIVADAS DEBEN PRESTAR SU COLABORACIÓN SOLAMENTE EN BIENES Y SERVICIOS pero no en personal dependiente de dichas entidades; esta disposición legal amplia medidas económicas en beneficio de la población en general.

Bajo este panorama legal, se puede evidenciar que los FUNCIONARIOS PÚBLICOS NO ESTAN AUTORIZADAS POR ESTA DISPOSICIÓN LEGAL PARA CIRCULAR POR EL TERRITORIO BOLIVIANO SIN LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE Y SOLO PARA LA PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS O PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD que tiendan a atender las necesidades apremiantes de los estantes y habitantes de Bolivia.

LOS Y LAS SERVIDORAS PÚBLICOS

La Constitución Política del Estado, establece que son servidoras y servidores públicos las personas que desempeñan sus funciones públicas que desempeñan funciones públicas excepto aquellas personas que desempeñen cargos electivos, las designadas y los designados y quienes ejerzan funciones de libre nombramiento.

CPE Artículo 233
Son servidoras y servidores públicos las personas que desempeñan funciones públicas. Las servidoras y los servidores públicos forman parte de la carrera administrativa, excepto aquellas personas que desempeñen cargos electivos, las designadas y los designados, y quienes ejerzan funciones de libre nombramiento,
De manera general la Constitución Política del Estado hace una clasificación de todos los servidores públicos que ejercen funciones en el aparato estatal, a este efecto la ley 2027 referida a la Ley del Estatuto del Funcionario Público hace distinción al respecto:

Ley Nro. 2027 – ARTÍCULO 5.- (CLASES DE SERVIDORES PÚBLICOS).
Los servidores públicos se clasifican en: 
a) Funcionarios electos: Son aquellas personas cuya función pública se origina en un proceso eleccionario previsto por la Constitución Política del Estado. Estos funcionarios no están sujetos a las disposiciones relativas a la Carrera Administrativa y Régimen Laboral del Presente Estatuto.
b) Funcionarios designados: Son aquellas personas cuya función pública emerge de un nombramiento a cargo público, conforme a la Constitución Política del Estado, disposición legal u Sistema de Organización Administrativa aplicable. Estos funcionarios no están sujetos a las disposiciones relativas a la Carrera Administrativa del presente Estatuto.
c) Funcionarios de libre nombramiento: Son aquellas personas que realizan funciones administrativas de confianza y asesoramiento técnico especializado para los funcionarios electos o designados. El Sistema de Administración de Personal, en forma coordinada con los Sistemas de Organización Administrativa y de Presupuesto, determinará el número y atribuciones especificas de éstos y el presupuesto asignado para este fin. Estos funcionarios no están sujetos a las disposiciones relativas a la Carrera Administrativa del presente Estatuto.
d) funcionarios de carrera: Son aquellos que forman parte de la administración pública, cuya incorporación y permanencia se ajusta a las disposiciones de la Carrera Administrativa que se establecen en el presente Estatuto.
e) Funcionarios interinos: Son aquellos que, de manera provisional y por un plazo máximo e improrrogable de 90 días, ocupan cargos públicos previstos para la carrera administrativa, en tanto no sea posible su desempeño por funcionarios de carrera conforme al presente Estatuto y disposiciones reglamentarias.

RAFAEL QUISPE, DESIGNADO COMO DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO del FONDO INDÍGENA

Mediante, Resolución Suprema sin número y sin fecha el señor Rafael Arcangél Quispe Flores es DESIGNADO como DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO del FONDO DE DESARROLLO INDÍGENA, ello de conformidad a lo establecido en el Decreto Supremo Nro. 2493 de fecha 26 de agosto de 2015; designación que la realizo la presidenta Jeanine Añez en ceremonia pública en Palacio de Gobierno y publicada en su cuenta oficial del nuevo Director General.

Por la documentación publicada, el señor Rafael Arcangél Quispe Flores se puede evidenciar que en su condición de DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO NO ESTA AMPARADO EN LA LEY DEL ESTATUTO DEL FUNCIONARIO PÚBLICO por estar contemplado su designación en el artículo 5.b de dicha disposición legal.

RAFAEL QUISPE, VULNERA LA CUARENTENA SANITARIA

En el siguiente video emito en su cuenta oficial del señor Quispe denominada como @realTataQuispe señala que estaría transitando por el territorio Boliviano en base al artículo 9 del Decreto Supremo Nro. 4200 señalando que es deber de todo funcionario público el colaborar con la concientización de la enfermedad del Coronavirus (COVID-19), sin embargo esta disposición legal no señala que en su condición de DIRECTOR GENERAL del FONDO INDIGENA tenga la atribución exclusiva de socializar las medidas tomadas por el Gobierno Central; pero que si debería coordinar actividades con las Carteras del Estado del órgano ejecutivo, es decir con los ministros designados para estos propósitos y no atribuirse esta facultad para si mismo, tal como se puede ver en el video de referencia.

El hecho de haberse reunido con mas de 100 personas, en un ambiente reducido donde la gente se encontraba sin las distancias sanitarias dispuestas para este efecto como es la de 1 metro por lo menos, o por ejemplo la utilización de los barbijos enunciadas para evitar la propagación de la PANDEMIA DEL CORONAVIRUS e inclusive el compartir instrumentos (vasos de refrescos) sin tomar las medidas sanitarias necesarias para el fin que supuestamente fue a socializar.


Ante la denuncia realizada en las redes sociales, el señor Rafael Quispe fue citado el 13 de abril de 2020 para que preste su declaración INFORMATIVA por el presunto DELITOS CONTRA LA SALUD PÚBLICA para el día 14 de abril de 2020 a horas 11:30 a.m., fecha en la cual, el denunciado se presento sin la presencia de su abogado defensor motivo por el cual se procedió a reprogramar el mismo para el día 24 de abril del 2020.

¿CUALES SON LOS DELITOS POR LOS CUALES DEBERÍA SER PROCESADO, EN SU CONDICIÓN DE FUNCIONARIO DESIGNADO?

El Decreto Supremo Nro. 4200 en el artículo 2 establece CUARENTENA TOTAL en todo el territorio Boliviano, ello a efectos de evitar la propagación y contagio del Coronavirus (COVID-19) CON SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS, manteniendo las restricciones y las excepciones descritas precedentemente en el presente artículo; y en virtud de la misma redacción se puede establecer que en su condición de DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO no pertenece a la Policía Nacional, a las Fuerzas Armadas o a una entidad de aprovisionamiento de productos alimenticios o similares, tal cual se tiene establecido en el Decreto Supremo antes analizado.

Habiendo establecido anteriormente que el señor Rafael Quispe Flores es un FUNCIONARIO DESIGNADO y NO UN FUNCIONARIO PÚBLICO como tal; evidentemente llego a vulnerar las restricciones establecidas en el Decreto Supremo Nro. 4200 que en el artículo 13 establece ARRESTO DE 8 HORAS y el PAGO DE LA MULTA DE MIL BOLIVIANOS o ser procesado penalmente como se tiene en el presente caso por lo establecido en el artículo 216 del Código Penal.

CP ARTÍCULO 216.- (DELITOS CONTRA LA SALUD PÚBLICA).
Incurrirá en privación de libertad de uno (1) a diez (10) años, el que:
1) Propagare enfermedades graves o contagiosas u ocasionare epidemias.
2) Envenenare, contaminare o adulterare aguas “destinadas” al consumo público, al uso industrial agropecuario y piscícola.
3) Envenenare, contaminare o adulterare substancias medicinales y productos alimenticios.
4) Comerciare con substancias nocivas para la salud o con bebidas y alimentos mandados inutilizar.
5) Cometiere actos contrarios a disposiciones sobre higiene y sanidad o alterare prescripciones médicas.
6) Provocare escasez o encarecimiento de artículos alimenticios y medicinales, en perjuicio de la salud pública.
7) Quebrantare medidas de sanidad pecuaria o propagare epizootias y plagas vegetales.
8) Expendiere o suministrare drogas o substancias medicinales, en especie, calidad o cantidad no correspondientes a la receta médica.
9) Realizare cualquier otro acto que de una u otra manera afecte la salud de la población.
10) Transmitiere o intentare transmitir el VIH conociendo que vive con esta condición.

Sin embargo, siendo el señor Rafael Quispe Flores FUNCIONARIO DESIGNADO de la misma forma adecuo su conducta en los siguientes ilícitos penales que agravarían su situación jurídica como tal, y estos son:

CP Artículo 154. (Incumplimiento de Deberes).
La servidora o el servidor público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare un acto propio de sus funciones, será sancionado con privación de libertad de uno a cuatro años.

La pena será agravada en un tercio, cuando el delito ocasione daño económico al Estado.

El artículo 5 de la Ley Nro. 004 de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas «Marcelo Quiroga Santa Cruz»; determina que bajo este instituto jurídico deben ser procesados todos los “servidores” que previamente fueron clasificados y determinados en una ley especial, por lo tanto aplicable al actuar del señor Rafael Quispe; pero, cuales son los actos propios que incumplió para ser procesado por esta disposición legal:

  • Omitió en forma ilegal la cuarentena total.
  • Omitió las medidas de seguridad dispuestas por el Ministerio de Salud, en cuanto al uso de elementos de protección del coronavirus.
  • Se rehusó cumplir una disposición emanada por el Poder Ejecutivo; mismo que es de cumplimiento obligatorio para todos los bolivianos sin acepción de personas.

El incumplimiento de deberes, se puede demostrar luego de realizar algunas pericias con el video donde se muestra que el señor Rafael Quispe esta al centro de una reunión multitudinaria sin las medidas de protección básicas de propagación del coronavirus.

CP Art. 160.- (Desobediencia a la autoridad)
El que desobedeciere una orden emanada de un funcionario público o autoridad, dada en el ejercicio legítimo de sus funciones, incurrirá en multa de treinta a cien días.

El Poder Ejecutivo emitió varias disposiciones legales a efectos de evitar la propagación del coronavirus, mismos que son de conocimiento general y mucho mas del ente central y de los servidores y las servidoras públicas que deben ser cumplidas, su desconocimiento acarrea responsabilidad penal.

CP Art. 146. (Uso Indebido de Influencias)
La servidora o el servidor público o autoridad que directamente o por interpuesta persona y aprovechando de las funciones que ejerce o usando indebidamente de las influencias derivadas de las mismas obtuviere ventajas o beneficios, para sí o para un tercero, será sancionado con privación de libertad de tres a ocho años y multa de cien a quinientos días.

Las declaraciones realizadas por el señor Rafael Quispe justificando que estuvo en una reunión en una comunidad cercana a la ciudad de La Paz, donde se traslado posiblemente en un vehículo oficial o particular adecuo su conducta al presente artículo, habiendo para beneficio propio un permiso que es otorgado para simplemente la provisión de alimentos o medicamentes, que en ninguno de esos casos se puede evidenciar en el video de referencia, es decir que no estaría proveyendo medicamentos o alimentos.

Ley Nro. 004 – Artículo 26. (Uso Indebido de Bienes y Servicios Públicos).
La servidora pública o el servidor público que en beneficio propio o de terceros otorgue un fin distinto al cual se hallaren destinados bienes, derechos y acciones pertenecientes al Estado o a sus instituciones, a las cuales tenga acceso en el ejercicio de la función pública, será sancionado con privación de libertad de uno a cuatro años.
Si por el uso indebido, el bien sufriere deterioro, destrozos o pereciere, la pena será de tres a ocho años y reparación del daño causado.

La pena del párrafo primero, será aplicada al particular o servidor público que utilice los servicios de personas remuneradas por el Estado o de personas que se encuentren en el cumplimiento de un deber legal, dándoles un fin distinto para los cuales fueron contratados o destinados.

En su condición de Director Ejecutivo del FONDO DE DESARROLLO INDIGENA le fueron entregados bienes como ser vehículos, personal y material, mismo que deben ser usados conforme lo establece los REGLAMENTOS ESPECIFICOS de dicha unidad descentralizada y no precisamente para SOCIALIZAR LOS EFECTOS DEL CORONAVIRUS tal cual se justificó en su momento.

Este aspecto podría ser demostrado con la exhibición de LA VITACORA del vehículo designado al señor Rafael Quispe, o en todo caso el permiso otorgado al vehículo que lo traslado hasta dicha localidad; y al señalar el o los nombres de las personas que obtuvieron un permiso distinto al ejecutado ser procesados bajo los mismos argumentos señalados precedentemente.

CP Art. 14.- (DOLO)
Actúa dolosamente el que realiza un hecho previsto en un tipo penal con conocimiento y voluntad.  Para ello es suficiente que el autor considere seriamente posible su realización y acepte esta posibilidad.

El señor Rafael Quispe Flores, no podría alegar en su defensa que lo hizo en beneficio de la población, ya que en su condición de ex legislador conoce los alcances de estas normas especiales y especificas, debiendo ser juzgado incluso en dicha situación ya que su conocimiento de las leyes excede del conocimiento que tienen las personas comunes; habiendo actuado dolosamente en toda esta temporada.

DECLARACIÓN INFORMATIVA, EN IDIOMA ORIGINARIO

Para el día 24 de abril de 2020 se programo la audiencia de DECLARACIÓN INFORMATIVA del señor Rafael Quispe Flores, a efectos de hacer conocer al representante del Ministerio Público cuales fueron los motivos de su accionar en el día señalado al vulnerar la cuarentena señalada por el Poder Ejecutivo; a este respecto es preciso realizar algunas precisiones de orden legal:

#TataQuispe #TataQuispe #TataQuispe


PRIMER ASPECTO. – Tener conocimiento del hecho que se le investiga

CPP Artículo 92º. (Advertencias preliminares).
Antes de iniciar la declaración se comunicará al imputado el hecho que se le atribuye, con todas las circunstancias de tiempo, lugar y forma de su comisión, incluyendo aquellas que sean de importancia para la calificación jurídica, un resumen del contenido de los elementos de prueba existentes y las disposiciones penales que se juzguen aplicables.
Se le advertirá que puede abstenerse de declarar y que esa decisión no podrá ser utilizada en su perjuicio.
La policía sólo podrá interrogar al imputado, con la presencia del fiscal y su abogado defensor excepto para constatar su identidad.

El Código de Procedimiento Penal, establece que como medida inicial se le debe hacer conocer algunos aspectos inherentes al conocimiento del hecho que se investiga, la calificación jurídica y un pequeño resumen de los elementos de prueba, mismos que fueron de conocimiento del denunciado habiendo dado su satisfacción de estos aspectos.


SEGUNDO ASPECTO. – Abogado defensor
El artículo 94 del Código de Procedimiento Penal establece que el denunciado debe estar presente con un abogado particular, el designado o en todo caso cualquier persona con conocimiento jurídico; que para el presente caso el denunciado RAFAEL QUISPE se presento con 2 abogados defensores. QUE NO HACEN CONOCER A LA FISCAL DE MATERIA QUE EL DENUNCIADO NO TENDRIA LA POSIBILIDAD DE DECLARAR EN EL IDIOMA ESPAÑOL


TERCER ASPECTO. – ¿Idioma nativo?
De manera extraña y expresándose en idioma CASTELLANO MANIFIESTA SU VOLUNTAD DE SER PROCESADO EN IDIOMA NATIVO (sin señalar cuál sería su idioma nativo), o lo cual se acoge -reiteramos, en idioma español- al artículo 10 del Código de Procedimiento Penal y artículo 15 de la Constitución Política del Estado; entiéndase que NO SON LOS ABOGADOS QUIENES PROCEDEN A ADVERTIR AL FISCAL DE MATERIA RESPECTO AL IDIOMA, sino que es el mismo DENUNCIADO QUIEN EXIGE EN IDIOMA ESPAÑOL SER JUZGADO EN UN IDIOMA ORIGINARIO, lo que demuestra que el denunciado si se encontraba totalmente capacitado psicológica, técnica y jurídicamente.

Este aspecto es importante tomar en cuenta, debido a que el Procedimiento Penal establece que SE DEBE CONVOCAR UN TRADUCTOR CUANDO EL DENUNCIADO NO COMPRENDA EL ESPAÑOL; por lo tanto no aplica el acogerse a esta disposición legal.

CPP Artículo 10º. (Intérprete).
El imputado que no comprenda el idioma español tendrá derecho a elegir un traductor o intérprete para que lo asista en todos los actos necesarios para su defensa. Cuando no haga uso de ese derecho o no cuente con los recursos suficientes, se le designará uno de oficio.

Ahora bien, el ex diputado nacional y ahora denunciado Rafael Quispe se acoge al artículo 115 de la Constitución Política del Estado, disposición legal que no tiene implicancia alguna respecto a ser juzgado en un idioma originario; mas por el contrario este artículo -es decir el artículo 115 de la Constitución Política del Estado- se cumplio de forma efectiva cuando el denunciado se PRESENTO ANTE EL FISCAL DE MATERIA CON DOS ABOGADOS, fue legalmente citado, se lleva el proceso sin dilación alguna, etc.; y al suscribir la acta de declaración informativa CONVALIDO ACTOS que pudieron ser alegados por sus abogados; pero en el día los mismos fueron avalados por el ahora denunciado Rafael Quispe.


CUARTO ASPECTO. – Señala no hablar ni escribir en idioma español


Ahora bien y a efectos de tener mayores elementos de convicción respecto a esta aseveración de que no tendría el conocimiento exacto del idioma español; a cuyo efecto nos remitimos a sus redes sociales donde se puede evidenciar que el denunciado RAFAEL QUISPE SI SABE LEER Y ESCRIBIR EN CASTELLANO tal cual procedió a demostrar en el día mismo de su posesión y en las diferentes publicaciones que realiza en el Facebook y en twitter, veamos ambos videos.


Vea como Rafael Quispe LEE SU DISCURSO EN IDIOMA CASTELLANO, pero cuando habla en aymara NO LEE en ese idioma, es decir que no LEE NI ESCRIBE BIEN EL AYMARA


QUINTO ASPECTO. – Señala desconocer cuanto cobran los traductores


Debe recordarse por los medios de comunicación y dentro del proceso penal iniciado por la señora Felipa Huanca por acoso político, de forma constante y permanente dilato dicho proceso precisamente por querer ser procesado en su idioma originario; motivo por el cual y de dichos antecedentes no puede señalar que desconozca como se realiza el nombramiento de traductores; agravada la situación cuando en todo su conocimiento SOLICITA EL DENUNCIADO EN IDIOMA ESPAÑA QUE EL TRADUCTOR SEA DESIGNADO POR LA FACULTAD DE LINGÜÍSTICA DE LA UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES.


Publicación que la realizo en cuenta de facebook oficial


SEXTO ASPECTO. – Declaraciones en el idioma español

#TataQuispe
Suspendida esta audiencia de declaración informativa, el denunciado Rafael Quispe Flores procede a DECLARAR EN IDIOMA ESPAÑOL RESPONDIENDO CON COHERENCIA Y COMPRENDIENDO AMPLIAMENTE LAS PREGUNTAS QUE SE LE REALIZA, haciendo una cronología del hecho que se le imputa y las posibles consecuencias a las que puede ser posteriormente juzgado; es decir, simplemente acogerse a una situación -de su condición social- para evitar ser procesado.

Riesgos procesales a ser considerados

El actuar del denunciado Rafael Quispe se adecua a los riesgos procesales enumerados y conocidos como peligro de fuga y obstaculización del proceso, que deben ser valorados por el Juez Controlador de Garantías al momento de imponer una medida cautelar, siendo los mismos los siguientes:

CPP Artículo 234. (PELIGRO DE FUGA)
Por peligro de fuga se entiende a toda circunstancia que permita sostener fundadamente que el imputado no se someterá al proceso buscando evadir la acción de la justicia.
Para decidir acerca de su concurrencia, se realizará una evaluación integral de las circunstancias existentes, teniendo en cuenta las siguientes:

      1. Que el imputado no tenga domicilio o residencia habitual, ni familia, negocios o trabajos asentados en el país;
      2. Las facilidades para abandonar el país o permanecer oculto;
      3. La evidencia de que el imputado está realizando actos preparatorios de fuga;
      4. El comportamiento del imputado durante el proceso o en otro anterior, en la medida que indique su voluntad de no someterse al mismo;
      5. Habérsele aplicado alguna salida alternativa por delito doloso;
      6. La existencia de actividad delictiva reiterada o anterior, debidamente acreditada;
      7. Peligro efectivo para la sociedad o para la víctima o el denunciante; y,
      8. Cualquier otra circunstancia debidamente acreditada, que permita sostener fundadamente que el imputado se encuentra en riesgo de fuga.

El peligro de fuga no se podrá fundar en meras presunciones abstractas sobre la concurrencia de los numerales 1 al 8 del presente Artículo, sino que deberá surgir de la información precisa, confiable y circunstanciada que el fiscal o querellante aporten en la audiencia y den razonabilidad suficiente del por qué la circunstancia alegada permite concluir que el imputado eludirá la acción de la justicia.

Las circunstancias señaladas en el numeral 1 del presente Artículo, se valorarán siempre atendiendo a la situación socio-económica de la persona imputada y en ningún caso la inexistencia de derecho propietario, contrato de arrendamiento o anticresis en favor del imputado, será por sí misma entendida como falta de domicilio o residencia habitual; tampoco la inexistencia de un contrato formal de trabajo será entendida por sí misma como la falta de negocios o trabajo.

 CPP Artículo 235. (PELIGRO DE OBSTACULIZACIÓN)
Por peligro de obstaculización se entiende a toda circunstancia que permita sostener fundamentadamente, que el imputado con su comportamiento entorpecerá la averiguación de la verdad. Para decidir acerca de su concurrencia se realizará una evaluación integral de las circunstancias existentes, teniendo especialmente en cuenta las siguientes:

      1. Que el imputado destruya, modifique, oculte, suprima y/o falsifique elementos de prueba;
      2. Que el imputado amenace o influya negativamente sobre los partícipes, víctima, testigos o peritos, a objeto de que informen falsamente o se comporten de manera reticente;
      3. Que el imputado amenace o influya negativamente en jueces, fiscales y/o en los funcionarios y empleados del sistema de administración de justicia;
      4. Que el imputado induzca a otros a realizar las acciones descritas en los numerales 1, 2 y 3 del presente Artículo;
      5. Cualquier otra circunstancia debidamente acreditada, que permita sostener fundadamente que el imputado, directa o indirectamente, obstaculizará la averiguación de la verdad.

El peligro de obstaculización no se podrá fundar en meras presunciones abstractas, sino que deberá surgir de la información precisa y circunstanciada que el fiscal o querellante aporten en la audiencia y den razonabilidad suficiente de que el imputado obstaculizará la averiguación de la verdad.

CONCLUSIONES

Desde hace un tiempo atrás, el abogado en ejercicio libre de la profesión ha sido constantemente hostigado como aquella persona que procede a utilizar medios y técnicas dilatorias, denominadas como CHICANERIA JURÍDICA, sin embargo, tal como ocurre en el presente caso, es precisamente EL DENUNCIADO QUIÉN PROCEDE A APELAR A LA CHICANERIA para proceder a suspender su declaración informativa, dilatando un proceso investigativo que para el común de las personas y en aplicación del Decreto Supremo 4200 se ha convertido en la excusa jurídica para realizar procesos sumarios e inmediatos; a la cual un ex asambleísta plurinacional y actual Director Ejecutivo del Fondo Indigena apela para escudarse y no ser procesado por su accionar.

Por mas de 14 años se ha reclamado constantemente el accionar de la justicia y que en reiteradas oportunidades, precisamente el ahora denunciado SEÑALABA QUE LA JUSTICIA ESTABA SOMETIDA AL PODER EJECUTIVO Y A LA CHICANA DE LOS ABOGADOS, pero queda demostrado en la actualidad y estando en función gubernamental proceder a MANIPULAR UN PROCESO INVESTIGATIVO CON LOS MISMOS ARGUMENTOS CON LOS CUALES SE DEFENDIO DEL ANTERIOR SISTEMA; quedando claramente demostrado que no somos los abogados que apelamos a este accionar que va en contra de nuestra justicia.

Esperemos que el Ministerio Público proceda a ampliar los ilícitos penales a los cuales el denunciado Rafael Quispe a adecuado su accionar; NO PERMITIENDO QUE EN EL PRESENTE CASO SE UTILICE LOS MISMOS ARGUMENTOS UTILIZADOS POR EL ANTERIOR REGIMEN QUE LOS “INDIOS SON DISCRIMINADOS” tal cual en estos días el denunciado Rafael Quispe se autoidentifica como INDIO (termino acuñado por los masistas) y en esa condición de INDIOS no establecer cual es su idioma nativo.

Se debe tomar en cuenta que el artículo 5 de la Constitución Política del Estado determina el uso de dos idiomas oficiales, pero en el párrafo II señala que en una región determinada se utilizara el idioma castellano y el otro por decisión en razón al uso, a la convivencia, las circunstancias, las necesidades y las preferencias el idioma alternativo; en virtud del cual, en la ciudad de La Paz y por práctica diaria se hace el USO DEL IDIOMA CASTELLANO (asi lo hace el denunciado en sus redes sociales), pero en ningún momento se decidió hablar otro idioma como pretende hacer valer el denunciado Rafael Quispe, confundiendo su pretensión con la justicia originaria y mucho mas agravada en su condición de ex asambleísta nacional.

Nuestro proposito es, promover la buena aplicación de la justicia, libre de argucias y chicanerias, que el poder judicial sea independiente y alejado de presiones provenientes de otros poderes del Estado, LA PRESENTE PUBLICACIÓN TIENE NETAMENTE FINES ACADEMICOS Y DE ORIENTACIÓN HACIA OTROS FUNCIONARIOS PÚBLICOS QUE TIENDAN A VULNERAR NORMAS Y DISPOSICIONES QUE PROVIENEN DEL ESTADO BOLIVIANO; hacer una práctica generalizada de que TODOS SOMOS IGUALES ANTE LEY, que no existe privilegiados o intocables al cometer un hecho humano calificado como ilícito penal; para asi evitar dar argumentos al contrario para que sean utilizados y defenestrar el gobierno al mando de la señora Jeanine Añez.

Analisis realizado en virtud de la Ley de la Abogacia.

 

DE PIE ANTE LOS HOMBRES, DE RODILLAS ANTE DIOS
Dr. Ramiro Carrillo A.
ABOGADO

Carrillo Abogados & Asoc.
Abogado, colegiado en el ICALP y el Ministerio de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, director de las páginas jurídicas SOLO DERECHO, SOLO JURISPRUDENCIA y de los periódicos digitales SOLO NOTICIAS y LOGOS BOLIVIA; docente universitario, autor de artículos de prensa y expositor en diferentes áreas del derecho.