procedimiento abreviado

Mediante DS 4200 de fecha 25 de marzo de 2020 se dispuso la DECLARATORIA DE EMERGENCIA SANITARIA Y CUARENTENA TOTAL en todo el territorio Boliviano, a este efecto se dispuso una serie de medidas de restricción a la circulación y de apertura programada de algunas actividades económicas conforme se tiene establecido en dicha norma.

En el artículo 13 del DS 4200 establece sanciones al incumplimiento a la CUARENTENA TOTAL; entre ellas, las medidas restrictivas a las personas naturales que son el arresto de 8 horas de arresto mas la imposición de una multa pecuniaria de Bs. 1.000 (UN MIL BOLIVIANOS), sin perjuicio de la denuncia penal por la comisión del ilícito de DELITOS CONTRA LA SALUD PÚBLICA.

A este respecto, debe hacerse algunas consideraciones de orden legal en los siguientes términos:

EL ARRESTO

CP Art. 225.- Arresto
Cuando en el primer momento de la investigación sea imposible individualizar a los autores, partícipes y testigos, y se deba proceder con urgencia para no perjudicar la investigación, el fiscal o la policía podrán disponer que los presentes no se alejen del lugar, no se comuniquen entre sí antes de informar, ni se modifique el estado de las cosas y de los lugares y, de ser necesario, ordenarán el arresto de todos por un plazo no mayor de ocho horas.

El Código de Procedimiento Penal, establece que el fiscal o la policía pueda disponer el arresto de cualquier persona a efectos de individualizar al o los autores o participes de un hecho por el lapso de 8 horas, para posteriormente proseguir con los actos investigativos de ser necesario.

EL “DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA”

En el Decreto Supremo Nro. 4200 señala en el artículo 13.V que cualquier persona que incumpla las restricciones de la referida norma será pasible a la privación de libertad de 1 a 10 años conforme lo dispone el Código Penal.

ARTÍCULO 216.- (DELITOS CONTRA LA SALUD PÚBLICA).
Incurrirá en privación de libertad de uno (1) a diez (10) años, el que:
1) Propagare enfermedades graves o contagiosas u ocasionare epidemias.
2) Envenenare, contaminare o adulterare aguas “destinadas” al consumo público, al uso industrial agropecuario y piscícola.
3) Envenenare, contaminare o adulterare substancias medicinales y productos alimenticios.
4) Comerciare con substancias nocivas para la salud o con bebidas y alimentos mandados inutilizar.
5) Cometiere actos contrarios a disposiciones sobre higiene y sanidad o alterare prescripciones médicas.
6) Provocare escasez o encarecimiento de artículos alimenticios y medicinales, en perjuicio de la salud pública.
7) Quebrantare medidas de sanidad pecuaria o propagare epizootias y plagas vegetales.
8) Expendiere o suministrare drogas o substancias medicinales, en especie, calidad o cantidad no correspondientes a la receta médica.
9) Realizare cualquier otro acto que de una u otra manera afecte la salud de la población.
10) Transmitiere o intentare transmitir el VIH conociendo que vive con esta condición.

El artículo 216 del Código Penal, establece algunas causales por las cuales las personas que vulneren la CUARENTENA TOTAL podrían ser procesado en el ámbito penal; cuya sanción penal es la PRIVACIÓN DE LIBERTAD DE 1 A DIEZ AÑOS.

A este respecto, cabe hacer notar que el ilícito penal de DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA es un DELITO DE RESULTADO como condición sine quanum; ya que en dicha norma determina: “EL QUE PROPAGARE…”, “EL QUE COMETETIERE ACTOS…”, “EL QUE PROVOCARE…” o “EL QUE REALIZARE…”; es decir que, si no hay PROPAGACIÓN ENFERMEDADES GRAVES O CONTAGIOSAS U OCASIONARE EPIDEMIAS COMPROBADA, no hay delito.

Ahora bien, corresponde analizar si corresponde que el FISCAL DE MATERIA emita o no un MANDAMIENTO DE APREHENSIÓN en relación al arresto de las personas que llegaron a vulnerar la CUARENTENA TOTAL dispuesto en el DS Nro. 4200; ello como consecuencia a haber sido arrestados previamente.

CPP Art. 226.- Aprehensión por la Fiscalía
El fiscal podrá ordenar la aprehensión del imputado cuando sea necesaria su presencia y existan suficientes indicios de que es autor o partícipe de un delito de acción pública sancionado con pena privativa de libertad cuyo mínimo legal sea igual o superior a dos años y de que pueda ocultarse, fugarse o ausentarse del lugar u obstaculizar la averiguación de la verdad. 
La persona aprehendida será puesta a disposición del juez, en el plazo de veinticuatro horas, para que resuelva, dentro del mismo plazo, sobre la aplicación de alguna de las medidas cautelares previstas en este Código o decrete su libertad por falta de indicios.
Tratándose de un delito de acción pública dependiente de instancia de parte, se informará a quien pueda promoverla, y el juez levantará esta medida cautelar si dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la aprehensión la instancia no ha sido promovida.

Para que una persona sea puesta a disposición del juez cautelar, necesariamente el FISCAL DE MATERIA debe emitir el MANDAMIENTO DE APREHENSIÓN señalando las causas y las pruebas que acumulo hasta ese momento para emitir la respectiva IMPUTACIÓN FORMAL; pero, la condición que necesariamente debe cumplirse para ser remitida a una autoridad jurisdiccional es que el delito debe ser IGUAL O SUPERIOR A DOS AÑOS; lo que no ocurre para el DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA.

El Decreto Supremo Nro. 4200 en el artículo 13.II señala que bajo el mismo régimen de DELITOS CONTRA LA SALUD PÚBLICA serán procesadas las persona que inciten al incumplimiento del Decreto Supremo Nro. 4200, desinformen o generen incertidumbre a la población; lo que implícitamente modificaría el artículo 216 del Código Penal.

Ahora bien, estando vigentes los derechos constitucionales al no haberse declarado un estado de excepción en Bolivia, el primer acto a ser promovido por el Ministerio Público debió ser la realización de PERICIAS respecto a que los arrestados, para determinar si los arrestado en la cuarentena eran evidentemente PORTADORES DEL CORONAVIRUS (COVID-19) o inversamente realizar estas pericias a las personas que tuvieron contacto con las mismas, caso contrario se estaría ante un delito aparente.

PROCEDIMIENTO ABREVIADO

CPP Art. 301.- Estudio de las actuaciones policiales
Recibidas las actuaciones policiales, el fiscal analizará su contenido para:

  1. Imputar formalmente el delito atribuido, si se encuentran reunidos los requisitos legales.;
  2. Ordenar la complementación de las diligencias policiales, fijando plazo al efecto;
  3. Disponer el rechazo de la denuncia, la querella o las actuaciones policiales y, en consecuencia su archivo; y,
  4. Solicitar al juez de la instrucción la suspensión condicional del proceso, la aplicación de un criterio de oportunidad, la sustanciación del procedimiento abreviado o la conciliación.

Por los medios de comunicación se tiene que bajo la figura jurídica de DELITOS CONTRA LA SALUD PÚBLICA fueron condenados aproximadamente más de 60 personas mediante el PROCEDIMIENTO ABREVIADO habiendo sido condenados a 1 y 2 años, a cuyo efecto conviene realizar un análisis legal al respecto.

Para cogerse a una salida alternativa del Procedimiento Abreviado importa los siguientes requisitos:

  • Que haya concluido la investigación penal
  • Que el imputado este de acuerdo en someterse al procedimiento abreviado
  • Que su Abogado Defensor manifieste su aquiescencia.
  • El imputado deberá admitir el hecho investigado.
  • El imputado deberá admitir su participación en el hecho investigado.

CPP Art. 373.- Procedencia
Concluida la investigación, el fiscal encargado podrá solicitar al juez de la instrucción, en su requerimiento conclusivo, que se aplique el procedimiento abreviado. 
Para que sea procedente deberá contar con el acuerdo del imputado y su defensor, el que deberá estar fundado en la admisión del hecho y su participación en él.
En caso de oposición fundada de la víctima o que el procedimiento común permita un mejor conocimiento de los hechos, el juez podrá negar la aplicación del procedimiento abreviado.
La existencia de varios imputados en un mismo procedimiento no impedirá la aplicación de estas reglas a alguno de ellos.

El hecho de las personas que fueron arrestadas inicialmente incumpliendo la CUARENTENA TOTAL dispuesta por el Gobierno Boliviano, importa el reconocimiento de parte de estas personas el haber procedido a “PROPAGAR UNA PANDEMIA”; y proceder a reconocer implícitamente que “TIENEN LOS SÍNTOMAS DEL CORONAVIRUS (COVID-19)”; motivo por el cual, NO TENDRIAN QUE SALIR EN LIBERTAD DE FORMA INMEDIATA sino que deberían someterse a un aislamiento total a efectos de que los mismos reciban el tratamiento médico adecuado para enfermos de esta pandemia.

DUDA RAZONABLE

Ante este panorama generalizado, se debe considerar que las personas arrestadas al ser o no ser portadores o enfermos del CORONAVIRU (COVID-19) o tener los síntomas iniciales de esta enfermedad, importa sobre su situación legal LA DUDA RAZONABLE al no haber podido probar el Ministerio Público mediante PRUEBA CIENTIFICA Y RAZONABLE que EVIDENTEMENTE LAS PERSONAS ARRESTADAS tendrían los síntomas de esta pandemia; mucho mas tomando en cuenta que instituciones como el IDIF o el IITCUP en la actualidad no están prestando servicios en esa área como consecuencia de las restricciones del Decreto Supremo Nro. 4200.

CPE Artículo 116

  • Se garantiza la presunción de inocencia. Durante el proceso, en caso de duda sobre la norma aplicable, regirá la más favorable al imputado o procesado.
  • Cualquier sanción debe fundarse en una ley anterior al hecho punible.

El proceder a “reconocer un Delito” forzado por la situación del país llega a vulnerar el derecho a la presunción de inocencia, toda vez que la DUDA FAVORECE AL IMPUTADO O ACUSADO, al haber SIDO SENTENCIADO TAN SOLO POR SALIR A LA CALLE, no existiendo relación directa ni indirecta ENTRE EL HECHO Y EL TIPO PENAL SANCIONADOR.

Estas sentencias dictadas al tenor del artículo 328 del Código de Procedimiento Penal, carecen legalidad y vulneran el derecho constitucional de Presunción de Inocencia al haber aceptado un hecho atípico por un ilícito penal que no guarda relación con el mismo; estas sentencias condenatorias refutan el aforismo jurídico “dime el hecho y te diré el derecho”.

ESTADO DE NECESIDAD

El Código Penal establece en el artículo 12 que toda persona esta exenta de responsabilidad penal, cuando para evitar una lesión a un bien jurídico propio o ajeno –que para el presente caso, podrían argumentar el derecho a la vida al no poderse sustentar por ejemplo en su alimentación– no se la pueda superar de otra manera, cuando LA SITUACIÓN DE NECESIDAD NO HUBIERE SIDO PROVOCADA INTENCIONADAMENTE POR EL SUJETO, sino que esta situación fue provocada como consecuencia de la determinación de la cuarentena total.

Cabe señalar que esta excepción a ser juzgado no aplica a las personas que teniendo en razón a su profesión o situación social el hecho de proveerse en cuanto a su alimentación para precautelar el derecho a la vida y la salud.

Este argumento tiene su asidero legal en el artículo 3 del Decreto Supremo Nro. 4200 que determina como prioridad la DEFENSA DE LA VIDA Y DE LA SALUD autorizando a las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana como el estándar mas alto de los derechos constitucionales; que de la misma forma aplicaría este estándar mas alto para los progenitores o los responsables de cada hogar.

NO HAY PENA SIN CULPABILIDAD

Nuestro ordenamiento jurídico en vigencia como también los tratados internacionales establecen que no se podrá imponer una sanción al agente SI SU ACTUAR NO LE ES REPROCHABLE PENALMENTE; y para el presente artículo se entiende que LA PERSONA QUE SALE A LA CALLE EN HORARIO NO AUTORIZADO NO ES SANCIONADO POR EL CÓDIGO PENAL, mucho mas teniendo en cuenta que -reiteramos- habiendo reconocido LA PARTICIPACIÓN EN EL DELITO DE ATENTADOS CONTRA LA SALUD, no se demuestra la culpabilidad del arrestado de parte del Ministerio Público siendo este hecho el limite para la imposición de una eventual pena de parte de la autoridad jurisdiccional.

CP ARTÍCULO 13.- (NO HAY PENA SIN CULPABILIDAD).
No se le podrá imponer pena al agente, si su actuar no le es reprochable penalmente. La culpabilidad y no el resultado es el límite de la pena.
Si la ley vincula a una especial consecuencia del hecho una pena mayor, ésta sólo se aplicará cuando la acción que ocasiona el resultado más grave se hubiera realizado por lo menos culposamente.

CONCLUSIÓN

Bajo los términos expuestos debemos concluir en las siguientes recomendaciones:

  1. La aplicación del arresto por 8 horas mas el pago de una multa de Bs. 1.000 (un mil boliviano); es decir que en el plazo en las cuales el infractor cumple el arresto señalado deberá cancelar la suma de Bs. 1.000 y no simplemente limitarse a cumplir las horas de arresto tal cual lo han manifestado las autoridades policiales, incumpliendo el pago de la multa señalada; lo que a la larga generaría responsabilidad al funcionario público que teniendo conocimiento de que las personas arrestadas deban cancelar Bs. 1.000 y no lo hacen configuran su accionar como INCUMPLIMIENTO DE DEBERES sancionado y tipificado en el Código Penal.
  2. El Decreto Supremo Nro. 4200 en su artículo 13.II debió considerar el agregar un nuevo inciso o “adecuar el mismo” como consecuencia a la DECLARATORIA DE LA CUARENTENA TOTAL, adecuando el accionar de los infractores ya no a los parámetros anteriormente señalados en el Código Penal, sino agravando la situación de los infractores de la Cuarentena, imponiendo sanciones y restricciones específicas para evitar la propagación de la pandemia; o modificando el artículo 216 del Código Penal mediante la disposición legal pertinente para que la misma sea coersible y alejada de nulidades posteriores.
  3. Nuestra posición como hombres de derecho es que la APLICACIÓN DE LA LEY ESTE EXCENTA DE VICIOS DE NULIDAD que puedan ser invocados posteriormente por las partes y que las mismas sean utilizadas con fines políticos sectoriales; mas por el contrario que las normas y las restricciones aplicadas en la actualidad no vulneren derechos reconocidos que DEN LUGAR PARA DESPRESTIGIAR UNA GESTIÓN PRESIDENCIAL, teniendo en cuenta que conforme mandato presidencial la señora Jeanina Añez sea la encargada de generar políticas nacionales en beneficio de la población boliviana por ser la presidenta de todos los Bolivianos.

Dios bendiga Bolivia.

DE PIE ANTE LOS HOMBRES, DE RODILLAS ANTE DIOS
Dr. Ramiro Carrillo A.
ABOGADO

Carrillo Abogados & Asoc.
Abogado, colegiado en el ICALP y el Ministerio de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, director de las páginas jurídicas SOLO DERECHO, SOLO JURISPRUDENCIA y de los periódicos digitales SOLO NOTICIAS y LOGOS BOLIVIA; docente universitario, autor de artículos de prensa y expositor en diferentes áreas del derecho.