Ramiro Carrillo A.

Muchas personas que en la actualidad se encuentran privadas de libertad por diferentes delitos que hubieren cometidos, impuestas con detención preventiva en centros carcelarios en situaciones totalmente insalubres y de hacinamiento total en cuyo caso el Estado Boliviano debe otorgar medidas necesarias para evitar que la enfermedad del Coronavirus se propague en dichas circunstancias, a este efecto realizados un análisis sobre la procedencia o no de una salida acorde a las leyes en vigencia.

DECLARATORIA DE CUARENTENA EN BOLIVIA POR EL COVID-19

La primera medida restrictiva a la locomoción emitida por el Gobierno Boliviano es el artículo 7 del Decreto Supremo 4196 que determina LA PROHIBICIÓN DE REUNIONES, actividades sociales, culturales, deportivas, religiosas y otras que impliquen aglomeración de personas; esta disposición legal establece que quedan prohibidas toda reunión sin establecer un número mínimo o mayor; limitándose a prohibir toda actividad en conjunto en la forma establecida en el Decreto Supremo Nro. 4192; esta disposición emanada por el Gobierno Boliviano no establece ya un número de personas, sino que queda prohibida toda reunión de personas a cuyo efecto se establece la jornada laboral hasta horas 13:00 estableciéndose excepciones a la misma limitándose el derecho a la circulación de los miembros de la Policía Bolivia, Fuerzas Armadas, personal de salud y otros que por la naturaleza de sus funciones deban desarrollar actividades en un horario distinto al señalado anteriormente.

El 21 de marzo de 2020 se promulga el Decreto Supremo Nro. 4199 donde se declara CUARENTENA TOTAL EN TODO EL TERRITORIO DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA, CONTRA EL CONTAGIO Y PROPAGACIÓN DEL CORONAVIRUS (COVID-19), y que dicha cuarentena estaría vigente hasta el Sábado 4 de Abril de 2020, con las mismas restricciones y excepciones establecidas en los dos anteriores decretos supremos en especial dirigida a todo habitante y estante en el territorio boliviano; en virtud del cul empiezan a entregarse AUTORIZACIONES PARA VEHÍCULOS PRIVADOS Y PUBLICOS destinados solo para personal de salud, personal autorizado para atender emergencias, medios de transporte para personal de los servicios de salud y de abastecimiento de artículos de primera necesidad, farmacéuticos y que brindan atención y cuidado a la población vulnerable que deben desarrollar actividades; disposición legal con la cual se prohíbe toda circulación de personas naturales por vías públicas, salvo excepciones.

Mediante Decreto Supremo Nro. 4200 de fecha 25 de marzo de 2020 se establece nuevas medidas sanitarias para el cumplimiento de la cuarentena total declarada en el Decreto Supremo Nro. 4199, a este efecto se dispone la salida controlada de ciudadanos para abastecerse de productos alimenticios de acuerdo al dígito de cada cédula de identidad; en esta nueva disposición legal se ratifica en el personal necesario e indispensable y necesario que deba circular por el territorio Boliviano.

Es a partir de estas disposiciones legales es que se dispuso la restricción al derecho a la locomoción de todos los estantes y habitantes en el territorio Boliviano, agravada la misma con el cierre de fronteras para restringir el ingreso o salida de ciudadanos del Estado Boliviano en el aspecto general; pero mucho más limitada y controlada ante la emisión del Decreto Supremo Nro. 4222 de 20 abril de 2020 que establece el procedimiento para el traslado planificado, ordenado, gradual, seguro y controlado de las bolivianas y bolivianos que se encuentran varados en municipios distintos al de su residencia habitual dentro del territorio nacional, emergente de la emergencia sanitaria nacional y cuarentena total contra el contagio y propagación del coronavirus, estando vigente esta disposición legal a partir del 21 al 27 de abril, y que concluida la misma estar nuevamente vigente la cuarentena total de todos los bolivianos y bolivianas.

LAS MEDIDAS CAUTELARES DE BOLIVIA

La Ley 1173 de 3 de mayo de 2019 referida a la “Ley de Abreviación procesal penal y de fortalecimiento de la lucha integral contra la violencia a niñas, niños, adolescentes y mujeres” y posteriormente la Ley Nro. 1226 de 18 de Septiembre de 2019 modifican el Código de Procedimiento Penal en especial en los siguientes aspectos:

CPP Artículo 233. (REQUISITOS PARA LA DETENCIÓN PREVENTIVA)
La detención preventiva únicamente será impuesta cuando las demás medidas cautelares personales sean insuficientes para asegurar la presencia del imputado y el no entorpecimiento de la averiguación del hecho. Será aplicable siempre previa imputación formal y a pedido del fiscal o víctima, aunque no se hubiera constituido en querellante, quienes deberán fundamentar y acreditar en audiencia pública los siguientes extremos:
1. La existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible;
2. La existencia de elementos de convicción suficientes de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad;
3. El plazo de duración de la detención preventiva solicitada y los actos investigativos que realizará en dicho término, para asegurar la averiguación de la verdad, el desarrollo del proceso y la aplicación de la Ley. En caso que la medida sea solicitada por la víctima o el querellante, únicamente deberá especificar de manera fundamentada el plazo de duración de la medida.
En etapa de juicio y recursos, para que proceda la detención preventiva se deberá acreditar los riesgos procesales previstos en el numeral 2 del presente Artículo.
El plazo de duración de la detención preventiva podrá ser ampliado a petición fundada del fiscal y únicamente cuando responda a la complejidad del caso. La ampliación también podrá ser solicitada por el querellante cuando existan actos pendientes de investigación solicitados oportunamente al fiscal y no respondidos por éste.

El artículo 233 determina dos condiciones para la procedencia de una medida extrema como es la detención preventiva en un centro penitenciario, y son:
– La probabilidad de autoría del imputado, y
– Los riesgos procesales.

Ahora bien, el presente artículo no pretende ingresar en el análisis de la primera condición para la detención preventiva referida a la probabilidad de autoría del imputado; sino, proceder a analizar de forma general los riesgos procesales si los mismos podrían ser aplicables en esta época de la cuarentena establecida en el Estado Boliviano.

CPP Artículo 234. (PELIGRO DE FUGA)
Por peligro de fuga se entiende a toda circunstancia que permita sostener fundadamente que el imputado no se someterá al proceso buscando evadir la acción de la justicia.
Para decidir acerca de su concurrencia, se realizará una evaluación integral de las circunstancias existentes, teniendo en cuenta las siguientes:
1. Que el imputado no tenga domicilio o residencia habitual, ni familia, negocios o trabajos asentados en el país;
2. Las facilidades para abandonar el país o permanecer oculto;
3. La evidencia de que el imputado está realizando actos preparatorios de fuga;
4. El comportamiento del imputado durante el proceso o en otro anterior, en la medida que indique su voluntad de no someterse al mismo;
5. Habérsele aplicado alguna salida alternativa por delito doloso;
6. La existencia de actividad delictiva reiterada o anterior, debidamente acreditada;
7. Peligro efectivo para la sociedad o para la víctima o el denunciante; y,
8. Cualquier otra circunstancia debidamente acreditada, que permita sostener fundadamente que el imputado se encuentra en riesgo de fuga.
El peligro de fuga no se podrá fundar en meras presunciones abstractas sobre la concurrencia de los numerales 1 al 8 del presente Artículo, sino que deberá surgir de la información precisa, confiable y circunstanciada que el fiscal o querellante aporten en la audiencia y den razonabilidad suficiente del por qué la circunstancia alegada permite concluir que el imputado eludirá la acción de la justicia.
Las circunstancias señaladas en el numeral 1 del presente Artículo, se valorarán siempre atendiendo a la situación socio-económica de la persona imputada y en ningún caso la inexistencia de derecho propietario, contrato de arrendamiento o anticresis en favor del imputado, será por sí misma entendida como falta de domicilio o residencia habitual; tampoco la inexistencia de un contrato formal de trabajo será entendida por sí misma como la falta de negocios o trabajo.

El nuevo modelo implantado con la Ley Nro. 1173 es el de evitar toda forma de abuso de parte de la autoridad fiscal refrendada por el juez de instrucción en lo penal expresada en las MERAS PRESUNCIONES ABSTRACTAS con las cuales estas dos entidades públicas fundaban su decisión para solicitar y disponer respectivamente una detención preventiva; pero, a la promulgación de los Decretos Supremos Nro. 4196 y siguientes se TIENE PRUEBA IDONEA obtenida lícitamente para fundar una CESACIÓN A LA DETENCIÓN PREVENTIVA, bajo los siguientes argumentos:

  • En los Decretos Supremos que disponen la CUARENTENTA TOTAL señalan que toda persona debe cumplir esta restricción a la locomoción EN UN DOMICILIO O RESIDENCIA que asigne cualquier persona, a efectos de prevenir la expansión del coronavirus; por lo tanto el mismo quedaría totalmente DESVIRTUADO no por capricho del detenido preventivo; sino, por imperio de la Ley, aspecto que no puede ser cuestionado y mucho menos desconocido por la autoridad jurisdiccional.
  • Respecto a la fuente de FAMILIA, de la misma forma por imperio de la ley determina que al adecuar la locomoción de las personas a su DOMICILIO o RESIDENCIA el código civil determina que es lugar donde tiene fundada sus relaciones de familia y de afinidad, acompañada con los datos que consigno el Ministerio Público en la IMPUTACIÓN FORMAL y en la declaración del imputado en su oportunidad; por lo que incluso esta condición del imputado quedaría desvirtuado por disposición de la ley; en todo caso por los decretos supremos descritos precedentemente.
  • Respecto a que el imputado estaría realizando actos preparatorios de fuga, el Ministerio Público no puede ni podrá demostrar objetivamente este peligro de fuga, debido a las restricciones de circulación que el Estado Boliviano a dispuesto en las diferentes normas descritas líneas arriba; por lo tanto, quedaría legalmente desvirtuado este riesgo procesal.
  • Respecto a ser peligro efectivo para la sociedad o la víctima, el Estado Boliviano al haber dispuesto CUARENTENA TOTAL; que en realidad se constituye en una cuasi detención domiciliaria -debido a que toda persona que vulnere esta cuarentena incluso puede ser procesada penalmente- es una actividad totalmente imposible que el imputado se convierta en peligro para la sociedad; ello debido a que la sociedad se encuentra a buen resguardo cada uno en su domicilio y mucho mas la víctima que se encuentra en cumplimiento de la cuarentena señalada por el Gobierno Boliviano; ello en compañía de sus parientes que se constituyen en garantes de su buen estado de salud.
  • Respecto al comportamiento del imputado en el proceso, debe tomarse en cuenta que todo el tiempo de emitida la restricción a la locomoción denominada como CUARENTENA TOTAL escapan del dominio y ejercicio del derecho a la defensa del imputado, debido a que si bien es cierto que esta inamovilidad procesal no le es atribuible directamente; la DETENCIÓN PREVENTIVA NO PUEDE CONVERTIRSE EN UNA PENA ANTICIPADA, aplicandose en todo caso principios de favorabilidad al imputado como la aplicación de otras garantías constitucionales que son reconocidas en el artículo 410 de la Constitución Política del Estado y de la Resolución Nro. 1 de la CIDH de esta gestión.

Por lo tanto, por disposición de los decretos supremos que tutelan la CUARENTENA TOTAL quedan desvirtuadas por disposición de la Ley los riesgos procesales señalados anteriormente, mientras tanto este vigente esta restricción legal.

CPP Artículo 235. (PELIGRO DE OBSTACULIZACIÓN).
Por peligro de obstaculización se entiende a toda circunstancia que permita sostener fundamentadamente, que el imputado con su comportamiento entorpecerá la averiguación de la verdad. Para decidir acerca de su concurrencia se realizará una evaluación integral de las circunstancias existentes, teniendo especialmente en cuenta las siguientes:
1. Que el imputado destruya, modifique, oculte, suprima y/o falsifique elementos de prueba;
2. Que el imputado amenace o influya negativamente sobre los partícipes, víctima, testigos o peritos, a objeto de que informen falsamente o se comporten de manera reticente;
3. Que el imputado amenace o influya negativamente en jueces, fiscales y/o en los funcionarios y empleados del sistema de administración de justicia;
4. Que el imputado induzca a otros a realizar las acciones descritas en los numerales 1, 2 y 3 del presente Artículo;
5. Cualquier otra circunstancia debidamente acreditada, que permita sostener fundadamente que el imputado, directa o indirectamente, obstaculizará la averiguación de la verdad.
El peligro de obstaculización no se podrá fundar en meras presunciones abstractas, sino que deberá surgir de la información precisa y circunstanciada que el fiscal o querellante aporten en la audiencia y den razonabilidad suficiente de que el imputado obstaculizará la averiguación de la verdad.

La cuarentena total establecida por el Gobierno Boliviano, obviamente normada para precautelar la salud de todos los bolivianos o los que circunstancialmente se encuentren en territorio boliviano, conlleva a tener los siguientes aspectos a ser tomados en cuenta a efectos de determinar la NO EXISTENCIA DE PELIGRO DE OBSTACULIZACIÓN en cuestión de detenidos preventivos, bajo los siguientes argumentos:

  • Al encontrarse toda la población boliviana en CUARENTENA y con CIERRE DE TODA ACTIVIDAD EN INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS y para lo que importa en el presente artículo el MINISTERIO PÚBLICO, EL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA, POLICIA BOLIVIA, etc., se hace totalmente DIFICULTOSO que el detenido preventivo proceda a la destrucción de pruebas que cursan en oficinas públicas o privadas, ello por la inactividad de estas oficinas y por qué inclusive el personal nombrado para su custodia se encuentra en la misma situación de la restricción a la locomoción dispuesta en la cuarentena total.
  • Bajo el mismo criterio, de que todas las personas se encuentran cumpliendo una cuarentena total, el detenido preventivo le es totalmente dificultoso influir negativamente en testigos, participes, peritos, etc., por no poder movilizarse de forma espontanea por las calles de toda Bolivia, por lo que se hace TOTALMENTE IMPOSIBLE DEMOSTRAR ESTE RIESGO PROCESAL por disposiciones legales emanadas por el Estado Boliviano.
  • De la misma forma, los jueces, fiscales, etc., por disposición legal se encuentran en CUARENTENA TOTAL restringidos en su derecho a la locomoción; por lo tanto, no poder demostrar que puedan ser influenciados negativamente en cualquier asunto. Además, se debe tomar en cuenta que los jueces y fiscales, en la presente época se encuentran trabajando de forma virtual y bajo plataformas que evitan que circulen por las calles y avenidas circundantes al poder judicial; es decir, que esta restricción legal beneficia al imputado. Este aspecto es totalmente demostrable por las circulares que emitió el Tribunal Supremo de Justicia y los Tribunales Departamentales, por o que LEGALMENTE ESTARIA DESVIRTUADO ESTE RIESGO PROCESAL.
  • De forma reiterada, al estar restringida el derecho a la locomoción se hace IMPOSIBLE que cualquier detenido preventivo proceda a influir a otras personas para que realicen estos actos descritos precedentemente.

Al haber enervado de forma legal, los riesgos procesales de RIESGO DE FUGA y EL PELIGRO DE OBSTACULIZACIÓN y cumpliendo con los parámetros de respuesta del test para determinar la pertinencia o no de continuar con una detención preventiva de un imputado debe tomarse en cuenta los principios que favorecen al imputado, a efectos de cambiar su situación legal.

Artículo 239. (CESACIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES PERSONALES)
Las medidas cautelares personales cesarán por el cumplimiento de alguna de las siguientes causales:
1. Cuando nuevos elementos demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente que sea sustituida por otra medida;
2. Cuando haya vencido el plazo dispuesto respecto al cumplimiento de la detención preventiva, siempre y cuando el fiscal no haya solicitado la ampliación del plazo de la detención;
3. Cuando la duración de la detención preventiva exceda el mínimo legal de la pena establecida para el delito más grave que se juzga;
4. Cuando la duración de la detención preventiva exceda de doce (12) meses sin que se haya dictado acusación o de veinticuatro (24) meses sin que se hubiera dictado sentencia, excepto en delitos de corrupción, seguridad del Estado, feminicidio, trata y tráfico de personas, asesinato, violación a niña, niño, adolescente e infanticidio, narcotráfico o sustancias controladas.
5. Cuando la persona privada de libertad acredite que se encuentra con enfermedad grave o en estado terminal; o,
6. Cuando la persona privada de libertad acredite el cumplimiento de sesenta y cinco (65) años de edad, salvo en delitos contra la vida, integridad corporal o libertad sexual de niñas, niños, adolescentes, mujeres y adultos mayores, delitos de corrupción y vinculados, de lesa humanidad, terrorismo, genocidio, traición a la patria, crímenes de guerra y narcotráfico o sustancias controladas.
Planteada la solicitud, en el caso de los numerales 1, 2, 5 y 6, la jueza, el juez o tribunal deberá señalar audiencia para su resolución dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas.
En el caso de los numerales 3 y 4, la Oficina Gestora de Procesos, a través del buzón de notificaciones de ciudadanía digital, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes correrá traslado a las partes, quienes deberán responder en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas. Con contestación o sin ella, la jueza, el juez o tribunal dictará resolución sin necesidad de audiencia, dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas siguientes, declarando la procedencia, siempre que la demora no sea atribuible a los actos dilatorios del imputado, o la improcedencia del beneficio, sin posibilidad de suspensión de plazos.
En los casos previstos en los numerales 2 al 6 del presente Artículo, la jueza, el juez o tribunal aplicará las medidas cautelares que correspondan, previstas en el Artículo 231 bis del presente Código.
La cesación de la detención preventiva por las causas señaladas en los numerales 3 y 4 del presente Artículo, dará lugar a la responsabilidad de la jueza, el juez, tribunal o fiscal negligente.
Cuando la cesación sea resuelta en audiencia pública y ante la ausencia de cualquiera de los sujetos procesales, se seguirá en todo lo pertinente, lo establecido en el Artículo 113 de presente Código.

Respecto a la solicitud del señalamiento de una AUDIENCIA DE CESACIÓN A LA DETENCIÓN PREVENTIVA, el mismo debería ser solicitado en virtud a lo que establece el artículo 239.1 del Código de Procedimiento Penal, bajo los siguientes lineamientos:

  • El artículo 239.1 del Código de Procedimiento Penal, establece taxativamente que procede la cesación a la detención preventiva: “cuando no concurren los motivos que la fundaron o tornen que sea sustituida por otra medida”; que en base al análisis realizado los “motivos” llegaron a desvirtuarse de forma legal al haberse emitido los decretos supremos que disponen la cuarentena total en Bolivia.
  • Esta disposición legal establece que todo PRIVADO DE LIBERTAD QUE SE ENCUENTRE CON ENFERMEDAD TERMINAL puede solicitar la CESACIÓN A LA DETENCIÓN PREVENTIVA, no siendo necesario la existencia de una ley de indulto que regule lo que la ley regula en este momento.
  • Otra de las medidas que establece la Ley Nro. 1173, determina que las personas privadas de libertad que acceden a la CESACIÓN A LA DETENCIÓN PREVENTIVA la personas que tenga 65 años de edad, en virtud del cual los jueces que tengan el conocimiento de esta situación social deberían proceder a señalar de forma inmediata AUDIENCIA DE CESACIÓN A LA DETENCIÓN PREVENTIVA.
  • Estos beneficios no son aplicables a aquellos privados de libertad que sean procesaos por delitos contra la vida, integridad corporal, libertad sexual de niñas, niños, adolescentes, mujeres y adultos mayores, delitos de corrupción, de lesa humanidad, terrorismo, genocidio, traición a la patria y crímenes de guerra.

A este efecto la ley 1226, establece el tiempo máximo para el señalamiento de AUDIENCIA DE CESACIÓN A LA DETENCIÓN PREVENTIVA que es el de 48 horas bajo responsabilidad del juez que conoce la causa; por lo tanto, a criterio del suscrito profesional estos elementos se constituyen en elementos necesarios para liberar los centros penitenciarios y evitar el contagio masivo en penales de detención.

CPP Artículo 232. (IMPROCEDENCIA DE LA DETENCIÓN PREVENTIVA)
I. No procede la detención preventiva:
1. En los delitos de acción privada;
2. En los delitos que no tengan prevista pena privativa de libertad;
3. Cuando se trate de personas con enfermedad en grado terminal, debidamente certificada;
4. Cuando se trate de personas mayores de sesenta y cinco (65) años;
5. En los delitos sancionados con pena privativa de libertad, cuyo máximo legal sea inferior o igual a cuatro (4) años;
6. En los delitos de contenido patrimonial con pena privativa de libertad cuyo máximo legal sea inferior o igual a seis (6) años, siempre que no afecte otro bien jurídico tutelado;
7. Cuando se trate de mujeres embarazadas;
8. Cuando se trate de madres durante la lactancia de hijos menores de un (1) año; y,
9. Cuando la persona imputada sea la única que tenga bajo su guarda, custodia o cuidado a una niña o niño menor de seis (6) años o a una persona con un grado de discapacidad que le impida valerse por sí misma.
II. En los casos previstos en el Parágrafo precedente, y siempre que concurran los peligros de fuga u obstaculización, únicamente se podrá aplicar las medidas previstas en los numerales 1 al 9 del Artículo 231 bis del presente Código.
III. Los numerales 4, 6, 7, 8 y 9 del Parágrafo I del presente Artículo, no se aplicarán como causal de improcedencia de la detención preventiva cuando se trate de alguno de los siguientes delitos:
1. De lesa humanidad, terrorismo, genocidio, traición a la patria y crímenes de guerra.
2. Contra la vida, integridad corporal o libertad sexual de niñas, niños, adolescentes, mujeres y adultos mayores.
3. De contenido patrimonial que se ejerzan con violencia física sobre las personas.
4. De contenido patrimonial con afectación al Estado, de corrupción o vinculados.
5. De narcotráfico y sustancias controladas.

El artículo 232 del CPP modificada por la Ley 1226 no pudo ser aplicada en su plenitud, ello en virtud a los hechos que han emergido en Bolivia; pero en esta disposición legal establece que personas están excluidas de DETENCIÓN PREVENTIVA en todo caso de aplicarse el mismo de forma inmediata, las cárceles de Bolivia se procederían a descongestionar y de resguardarlos de cualquier contagio del COVID-19.

La circular Nro. 6 emitida por el Tribunal Supremo de Justicia, dispone que los Jueces de Turno e inclusive los jueces que conocen los procesos en razón a que han sido sorteados a sus juzgados deben señalar de forma inmediata la audiencia respectiva mediante la plataforma a cargo de la Escuela de Jueces que esta a disposición del poder judicial.

Los criterios emitidos en el presente artículo tienen esencialmente contenido didactico.

 

DE PIE ANTE LOS HOMBRES, DE RODILLAS ANTE DIOS
Dr. Ramiro Carrillo A.
ABOGADO

Carrillo Abogados & Asoc.
Abogado, colegiado en el ICALP y el Ministerio de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, director de las páginas jurídicas SOLO DERECHO, SOLO JURISPRUDENCIA y de los periódicos digitales SOLO NOTICIAS y LOGOS BOLIVIA; docente universitario, autor de artículos de prensa y expositor en diferentes áreas del derecho.