Introducción

La asistencia familiar es un derecho que se encuentra directamente relacionado con el derecho a la vida, al recaer en todo aquello que es indispensable para la subsistencia.  El término de ASISTENCIA FAMILIAR tal cual se lo conoce en nuestro país no es propiamente conocida por legislaciones de otros países las cuales han llegado a denominarle como el DERECHO DE ALIMENTOS que simplemente se limita a la provisión del sustento en alimentos; pero, nuestro país ha llegado a ampliar este beneficio en otros rubros propios para la manutención de los beneficiarios.

La historia ha evolucionado progresivamente, en respuesta a las necesidades que reviste cada momento histórico, convirtiéndose en una institución jurídica  dentro del derecho de familia, y por ende en el derecho constitucional. Dentro del derecho romano (principal vertiente e influencia de nuestra legislación), se reconocía que ante el hecho de celebrarse el matrimonio y prestarse juramento en presencia de la familia llevaba implícita la obligación  de la asistencia recíproca. En la Edad Media Bartolo de Sassoferrato, sostuvo que los gastos de la última enfermedad debían ser soportados por el marido en asistencia con los herederos de la esposa.  Más adelante, en la jurisprudencia italiana del siglo XIX, el Senado del Piamonte en su Sentencia de febrero 15 de 1840, dispuso que; corresponde al marido mantener a su mujer ya esté sana o enferma, siendo a cargo de aquél los gastos de la última enfermedad, excepto si dichos gastos fueran exorbitantes, en este caso debe concurrir a sufragarlos los herederos de la mujer. En la Edad Contemporánea, la concepción de alrededor de la asistencia familiar, se desarrolla en relación al rol del Estado como benefactor con respecto a personas que no tenían los medios de subsistencia o habitación o asistencia médica. En el desarrollo de la democracia moderna van surgiendo las leyes relativas a la protección de los sectores más vulnerables, entre ellos los niños. (SCP Nro. 203/2018-S2 de 22 de mayo de 2018)

Nuestra legislación en materia familiar a llegado a “cubrir” todas las necesidades que tiene la persona tanto material e inmaterialmente a cuyo efecto considera necesario el aporte necesario para cubrir estas necesidades como ser “la vivienda”, “la educación”, “servicios médicos” y obviamente “la alimentación”; estas prestaciones pueden inclusive ampliarse a los gastos de sepelio de los beneficiarios.

Se tiene la idea abstracta de que la asistencia familiar solo puede ser otorgada hasta que las personas beneficiarias alcancen su mayoría de edad (18 años); sin embargo, este concepto es mucho más amplio en cuanto a los beneficios que otorga para el desarrollo integral y protección de los miembros de una familia; esta idea ha sido recogida en la Constitución Política del Estado que en el artículo 108 numerales 9 y 10 determina que es deber de las bolivianas y los bolivianos “ASISTIR, ALIMENTAR Y EDUCAR A LAS HIJAS E HIJOS, Y RECÍPROCAMENTE ESTOS ASISTIR, PROTEGER Y SOCORRER A SUS ASCENDIENTES”.  Este mandato constitucional ha sido recogido en el Código de Familia y del Proceso Familiar, el Título VII reconoce lo siguiente:

Artículo 109. (Contenido y extensión de la Asistencia Familiar): I. La asistencia familiar es un derecho y una obligación de las familias y comprende los recursos que garantizan lo indispensable para la alimentación, salud, educación, vivienda, recreación y vestimenta; surge ante la necesidad manifiesta de los miembros de las familias y el incumplimiento de quien debe otorgarla conforme a sus posibilidades y es exigible judicialmente cuando no se la presta voluntariamente; se priorizará el interés superior de niñas, niños y adolescentes. (…)

La Constitución Política del Estado determina en el artículo 64 que: “los cónyuges o convivientes tienen el deber de atender en igualdad de condiciones y mediante el esfuerzo común, el mantenimiento y responsabilidad del hogar, la educación y formación integral de las hijas e hijos mientras sean menores o tengan alguna discapacidad.”; en virtud del cual se puede inferir que los hijos e hijas menores de edad y aquellos que tengan una discapacidad tienen una mayor prioridad en razón a encontrarse en una situación de vulnerabilidad, que de la misma forma el Código de Familias y del Proceso Familiar lo regula toda vez que esta responsabilidad tiene un carácter público e impele a los obligados a cumplir y de ninguna forma renunciar a una “responsabilidad” estipulada en la Ley.

Artículo 110. (Irrenunciabilidad en Casos Especiales): El derecho de asistencia familiar a favor de los menores de edad y personas en situación con discapacidad es irrenunciable e intransferible. La persona obligada no puede oponer compensación por lo que le adeude la beneficiaria o el beneficiario. (…)

En virtud a esta disposición se puede establecer que los menores y mayores de edad con alguna discapacidad, los menores de edad con alguna discapacidad física o mental se constituyen en beneficiarios de la asistencia familiar misma que subsiste incluso más allá de la mayoría de edad por todo el tiempo en que persista su situación de discapacidad.

Artículo 120. (Caracteres de la Asistencia): El derecho de asistencia familiar es irrenunciable, intransferible e inembargable, salvo disposición legal en contrario. La persona obligada no puede oponer compensación por lo que adeude a la beneficiaria o el beneficiario.”

Respecto a la asistencia familiar, el Tribunal constitucional Plurinacional mediante la SCP Nro. 203/2018-S2 de 22 de mayo de 2018, modulo la otorgación de este beneficio al emitir la siguiente sentencia:

“Sobre la regulación normativa antes expuesta, vinculada a la asistencia familiar y dentro de la doctrina, este instituto jurídico es conocido de manera más específica como Pensión Alimenticia, obligación alimentaria o Derecho Alimentario, a diferencia de asistencia familiar que semánticamente tiene un alcance más general en nuestra legislación, así los tratadistas Gustavo A. Bossert y Eduardo A. Zannoni, en su libro “Manual de derecho de familia”, al respecto del derecho alimentario señalan: “El derecho a percibir alimentos y la correlativa obligación de prestarlos deriva de una relación alimentaria legal, de contenido patrimonial, pero cuyo fin es esencialmente extra patrimonial: la satisfacción de necesidades personales para la conservación de la vida, para la subsistencia de quien los requiere. De ahí que, si bien el objeto del crédito alimentario es patrimonial (dinero o especie), la relación jurídica que determina ese crédito atiende a la preservación de la persona del alimentado, y no es de índole económica (en la medida en que no satisface un interés de naturaleza patrimonial).”*

El jurisconsulto argentino, Julio J. López del Carril, reflexionaba al respecto del derecho y la obligación alimentaria, expresando que: “Es una obligación natural de contenido moral derivada “status familiar”, comunidad espiritual y material integrante, del deber de asistencia que es de la naturaleza y esencia del vínculo familiar o de parentesco que fundamenta la familia, y obedece a la necesidad de la conservación del individuo y al mantenimiento o robustecimiento de la familia.”

La importancia de la asistencia familiar en consecuencia recae no sólo en su naturaleza de protección integral de la familia donde reside dicha prestación, sino del interés social que reviste a la misma, al ser una prestación que cubre las necesidades básicas de los beneficiarios.

La Asistencia Familiar también comprende todos los gastos necesarios e indispensables para una subsistencia digna

Los derechos y garantías de los Niños, Niñas y Adolescentes, regulados en la nueva Constitución Política del Estado en sus artículos 58 al 61 regula los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes y en esa misma línea tanto el Código de Familia como el Código Niño Niña y Adolescente en su artículo 5, señala que: “Los niños y niñas o adolescentes, como sujetos de derecho gozan de todos los derechos fundamentales y garantías constitucionales inherentes a toda persona, sin perjuicio de la protección integral que instituye este código“, disponiendo en su artículo 3: “Las disposiciones del presente código son de orden público y de aplicación preferente. Se aplica a todos los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en territorio boliviano, sin ninguna forma de discriminación” así como la Declaración Internacional de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente y los múltiples tratados internacionales de cuyas normas se infiere que; los padres y madres se encuentran obligados a proveer a sus descendientes sin distinción de origen la satisfacción de sus necesidades, intereses y aspiraciones así como a su desarrollo integral, identidad y filiación (Artículos 58 y 59 de la Constitución Política del Estado Plurinacional), constituyéndose la asistencia familiar, no solo en una obligación de orden legal sino en un deber natural al que por principio moral se encuentran reatados los progenitores respecto de sus hijos e hijas, por lo que resulta inconcebible que al negar no solo el apellido, sino toda protección material y moral por el lapso de más de 10 años a su hija(o), dejándola(o) en el más completo olvido, pretenda soslayar por cualquier medio el cumplimiento de la asistencia familiar para el menor, pues no se puede permitir que un menor crezca y se desarrolle en situación de necesidad y carencia, cuando tiene un padre profesional y con posibilidades para solventar los gastos de su manutención, sin que esto signifique como pretexta el recurrente que el cumplimiento de esta obligación vaya en detrimento de los deberes que tiene el obligado con sus otros hijos, considerando lo dispuesto por el artículo 173 del Código de Familia que establece el principio de igualdad de los hijos; “Todos los hijos sin distinción de su origen, tienen los mismos derechos y deberes respecto a sus padres”.

De lo expuesto de manera precedente, se concluye que no existe agravio alguno al respecto bajo el advertido de que la asistencia familiar, no sólo comprende los alimentos, sino todos los gastos necesarios e indispensables para la subsistencia digna de una persona.

Al respecto el Dr. Hugo Sandoval Saavedra, en su libro, Código Civil Boliviano, señala: “La obligación de alimentos no tiende a procurar al acreedor únicamente alimentos, es decir la comida propiamente dicha sino todo lo que necesita para la vida- o para la muerte – los vestidos, la habitación, los cuidados médicos o quirúrgicos, los cuidados de hospitalización y hasta una inhumación decente”.

En virtud a la anterior disposición constitucional se puede establecer que la asistencia familiar incluso puede extenderse hasta los 25 años cuya “condición para que se extienda hasta los 25 años de edad es siempre y cuando el hijo o hija por la dedicación a su formación técnica o profesional evidencie resultados efectivos en cuanto a su educación superior”; en virtud del cual, la madre y el padre deben persistir con el cumplimiento de tal obligación es decir llegar a cumplir con una finalidad de que los hijos ADQUIERAN UN TÍTULO ACADÉMICO SEA COMO TÉCNICO O LICENCIATURA, mientras las y los hijos no se encuentren preparados para ello, considerando que es precisamente desde los 18 años de edad que una persona se dispone a emprender estudios para lograr una profesión u oficio que le permita independizarse de la manutención de su madre, su padre o familia, que puede ser suspendida por diversas causas como ser abandono de los estudios, contraer matrimonio, bajas calificaciones, etc.

Imprescriptibilidad de las obligaciones de asistencia familiar y la prescripción de las Sentencias que condenan al pago

El  Tribunal Constitucional a través de la SC 1059/2010-R de Agosto 23 de 2010, respecto a la finalidad de las obligaciones de asistencia familiar en favor de menores, estableció que:

“… permitirá a los menores de edad alcanzar un desarrollo armónico e integral, en los aspectos de orden biológico, físico, psíquico, intelectual, familiar y social; pues debe entenderse que la población infantil es vulnerable y la falta de estructuras sociales, económicas y familiares apropiadas para su crecimiento agravan su indefensión. (…) El interés superior del niño tiene su origen en la doctrina universal de los derechos humanos y como tal es un principio garantista de estos derechos; que los niños, como personas en desarrollo, tienen iguales derechos que todas las demás personas; que, por consiguiente, es preciso regular los conflictos jurídicos derivados del incumplimiento de los derechos de los niños y su colisión con los pretendidos derechos de los adultos; que el interés superior del niño permite resolver conflictos de derechos recurriendo a la ponderación de los derechos en conflicto, y en ese sentido, el juzgador está obligado a adoptar aquellas medidas que aseguren la máxima satisfacción de los derechos que sea posible y su menor restricción”.

Sobre las características que hacen a la asistencia familiar la SC 0351/2002-R de Abril 2 de 2002, refirió que: “…una de las principales características de la pensión de asistencia familiar es su irrenunciabilidad, es decir que no se permite al beneficiario a convenir renuncia sobre su derecho al monto por concepto de asistencia familiar; menos se permitirá al obligado alegar prescripción por el monto que adeude al beneficiario. Por cuanto las normas de derecho de familia son de orden público y por tanto de cumplimiento obligatorio por el interés social que representan’” (las negrillas fueron agregadas).

Posteriormente, en la SC 0316/2011-R de Abril 1 de 2011, el extinto Tribunal Constitucional sostuvo que la asistencia familiar tiene las siguientes características:

“1) El Instituto de la Asistencia Familiar es de carácter irrenunciable e intransferible, al tener un contenido esencialmente social y humano; 2) La Constitución Política del Estado, estableció preceptos que refuerzan su respeto y protección; 3) La Asistencia Familiar, comprende todo lo indispensable para el sustento, la habitación, el vestido y la atención médica, así también los gastos de educación y los necesarios para que las hijas e hijos adquieran una profesión u oficio; 4) Su cumplimiento no puede diferirse por procedimiento o recurso alguno y el monto será fijado en proporción a las necesidades de quien la pide y a los recursos del obligado; 5) Puede disponerse, en caso de incumplimiento, la restricción de la libertad física del obligado, a través de un mandamiento de apremio que sólo podrá ser librado por autoridad judicial competente, previo cumplimiento de las formalidades establecidas por ley; es decir, que efectuada la liquidación, se dispondrá que el obligado sea notificado con la misma a efectos de que pague la obligación pendiente o en su caso formule observaciones o presente pruebas de pago parcial o total de la asistencia; y, 6) Antes de emitir el mandamiento de apremio, la autoridad judicial debe cuidar que el obligado sea notificado en forma legal con la conminatoria para efectuar el pago dentro del plazo legal, cumplida esa actuación, no habiéndose formulado observación alguna y transcurrido el plazo de la conminatoria sin que el obligado hubiese efectuado el pago, el juez podrá ordenar se libre mandamiento de apremio” (las negrillas fueron agregadas).

El Tribunal Constitucional Plurinacional señaló que las obligaciones por asistencia familiar son imprescriptibles; esto es, antes de que las mismas hubieran sido declaradas en Sentencia; empero, no realizó una evaluación sobre si una vez determinado el monto por asistencia familiar, el tiempo de inejecución podía afectarle, produciendo su prescripción ante su inejecución.

La norma sustantiva y adjetiva relacionada a la posibilidad de que las obligaciones de asistencia familiar declaradas en sentencia firme prescriban, no se encuentran reguladas en el ordenamiento jurídico.

El Código Civil en su art. 1513, únicamente señala que: “Los derechos sujetos a prescripciones breves y sobre los cuales se ha obtenido sentencia de condena pasada en autoridad de cosa juzgada prescriben por una sola vez, en el término que está señalado”; es decir, admite la posibilidad que una Resolución firme, sobre un derecho sujeto a una prescripción breve, que prescriba en el mismo plazo, sin mencionar a los derechos declarados en Sentencia referidos a prescripción común, por su parte el Código de Procedimiento Civil abrogado, al indicar sobre los títulos ejecutivos en su artículo 487 establece que se constituye en título ejecutivo la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada de la cual se pidiere su cumplimiento después de un año de ejecutoriada y por tal hecho debe realizarse su ejecución a través de una acción ejecutiva.

Siendo evidente que el ordenamiento jurídico no regula la prescripción de las obligaciones declaradas en Sentencia y que por el transcurso de tiempo ante la inejecución pueda declararse su extinción, el artículo 1507 del Código Civil  de manera general sobre la prescripción de los derechos patrimoniales, determina que los mismos se extinguen por ese instituto en el plazo de cinco años, regulación referida únicamente a la prescripción antes de la existencia de sentencia firme, sin que se regule la posibilidad de sancionar con la prescripción una sentencia no ejecutada.

El vacío normativo sobre la prescripción de los derechos sujetos a extinción que hubieren sido declarados en sentencia de condena basada en autoridad de cosa juzgada, y que se encuentren relacionados a obligaciones de asistencia familiar a menores de edad, debe ser resuelto por este Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de una Sentencia previsora, ya que la ausencia normativa generará que obligaciones declaradas en un fallo, se encuentren latentes y vigentes por tiempo indefinido, causando inestabilidad e inseguridad, como ocurre con el caso analizado.

Para ello es necesario considerar que si bien las obligaciones por asistencia familiar no prescriben, es posible que luego de haber sido declaradas en sentencia y liquidadas para su cobro coactivo, el transcurso del tiempo les afecte; es decir, es viable sancionar la inacción de la parte a quien le corresponde accionar, más aun si se toma en cuenta que las obligaciones por asistencia familiar destinadas a la manutención de un menor de edad deben ser satisfechas de forma prioritaria e inmediata, habiendo por ello el legislador incluido la posibilidad que ante el incumplimiento pueda privarse de libertad al obligado, precisamente ponderando el resguardo del interés superior del menor sobre otros aspectos.

Ahora bien, dentro de ese marco, se entendía que la obligación de la asistencia familiar era el mismo derecho subjetivo pero posteriormente se diferenció al derecho sustantivo de la acción procesal, en atención a que existía la posibilidad de activar una demanda que luego podría ser rechazada; es decir, la posibilidad de una acción procesal sin derecho subjetivo; en este contexto, si bien las obligaciones que nacen de las relaciones familiares son imprescriptibles, el cobro de las mismas cuando fueron determinadas, calificadas, liquidadas, y transcurre un plazo legal, la obligación deja der ser jurídica y se transformaba en una obligación natural; dicho en otras palabras, el cobro de la asistencia familiar determinada en proceso judicial, no puede encontrarse pendiente de ejecución indefinidamente en el tiempo; puesto que se afectaría a la seguridad jurídica y a la paz social que pretenden preservar el orden jurídico, evitando que las personas se mantengan en incertidumbre indefinida de sus obligaciones.

El Tribunal Constitucional Plurinacional considera que conforme a una interpretación armónica con los postulados constitucionales, la asistencia familiar es un derecho y obligación que debe ser proporcionada oportunamente, para la satisfacción de las necesidades de los menores, siendo razonable que si una vez declarada no se exige el pago, esta urgencia pierda de cierto modo la prioridad; por lo que, si es permisible que una obligación de asistencia familiar declarada por autoridad judicial en favor de un menor pueda prescribir, pues se entiende que los acreedores de la obligación no la reclamaron oportunamente, ya sea por negligencia o porque sus necesidades ya fueron satisfechas, perdiendo la carga del cobro para el acreedor; por ello su recaudo coactivo no puede mantenerse indefinido en el tiempo a la voluntad de el o los beneficiarios, pues de admitirlo se consentiría en el hecho que la obligación originalmente declarada por el transcurso del tiempo pueda tornarse en exorbitante e imposible de ser satisfecha, afectando de manera peligrosa el patrimonio del deudor; por lo tanto, es razonable admitir que la prescripción de obligación de asistencia familiar a menores de edad que hubiere sido dispuesta en sentencia, se establece únicamente cuando después a su declaración judicial y liquidación para hacerla exigible el acreedor que tenga a cargo el menor no exija el cumplimiento de la misma debiendo computarse el plazo de prescripción de cinco años, tal como lo señala el Código Civil, por ser este el término máximo para la extinción de obligaciones, cómputo que debe ser realizado a partir del momento en el que los beneficiarios de la asistencia familiar hubieran alcanzado su mayoría de edad y puedan procurarse su sustento, no extendiéndose sino hasta los veinticinco años cumplidos; es decir, para el cómputo de prescripción de una obligación de asistencia familiar de un menor que fue declarada y liquidada por autoridad judicial, podrá declararse extinguida cuando transcurran cinco años desde que los menores alcanzaron la mayoría de edad y puedan procurarse su sustento, finalmente si ninguna de las condiciones se cumpliese se debe tomar en cuenta la prescripción desde que los beneficiarios hubieran alcanzado los veinticinco años.

Ello responde también a la interpretación que este mismo Tribunal Constitucional Plurinacional realizó en la SCP 1011/2013 de Junio 27 de 2013, en la cual concluyó que: “…la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia utiliza el término menor (en relación a las personas) en dos sentidos distintos, en el art. 58 cuando dice que se considera niña, niño o adolescente a toda persona menor de edad, y en el art. 64.I al referirse simplemente al “menor”, de donde resulta lógico evidenciar que el Constituyente ha realizado una distinción entre estos términos para relevar en el primer caso una situación cronológica (menor de 18 años) y en el segundo caso una situación de vulnerabilidad o desprotección(única razón por la que se entendería que no se usó el término de edad), (…) De donde resulta que en la construcción del sistema educativo y en la garantía del ejercicio del derecho a la educación hasta la profesionalización, el Constituyente también ha asignado responsabilidad a la sociedad, y por ende en especial a los padres, pues no queda duda alguna que son éstos los llamados a apoyar a los hijos en el periodo de formación educativa para que éstos en esta etapa puedan dedicarse exclusivamente a profesionalizarse, por ende queda claro que la intención del Constituyente es generar una responsabilidad compartida entre el Estado y la sociedad para garantizar el derecho a la profesionalización, para ello deben existir deberes de acción atribuibles a cada uno.  Al Estado le corresponderá crear las instituciones educativas y sostenerlas adecuadamente para que éstas sean gratuitas y de calidad; y a la sociedad, a través de los padres les corresponderá sostener y pagar la manutención de los hijos en el periodo de profesionalización, pues en esta etapa se encuentra en una situación de minoridad en términos de capacidad económica para sustentarse, por dos razones  sociales: i) No cuentan con un título profesional que les permita obtener un trabajo para sostenerse; y, ii) Para garantizar el derecho a una educación de calidad la dedicación a los estudios debe ser exclusiva. Por ello el texto del art. 64 de la nueva  Constitución Política del Estado, debe entender el término “minoridad”, en términos no de edad, sino de capacidad económica y necesidad asistencial, pues haciendo una interpretación del texto constitucional el fin de construir una sociedad justa tiene un importantísimo sustento en el principio de solidaridad, bajo el cual se puede vislumbrar que el deber de los padres de asistencia a los hijos mayores de 18 años en periodo de profesionalización debe considerar dos importantes elementos: a) Los hijos deben acreditar que el objeto de asistencia está enfocado exclusivamente en su profesionalización, para ello éstos deben acreditar no solamente un rendimiento académico regular y estable, sino demostrar su predisposición de realmente someterse al periodo de profesionalización; y, b) Considerando que la interpretación constitucional efectuada parte de la relación derecho a la educación y deber de asistencia, el hijo debe demostrar a efectos de obtener la asistencia por parte de sus progenitores un plan de estudio razonable en términos temporales y de uso de recursos económicos.

En el escenario interpretativo mencionado, corresponde señalar que la norma impugnada resulta constitucional, pues al determinar que el deber de mantenimiento y educación a que se refiere el numeral 3 del artículo 258 del Código de Familia subsiste después de la mayoridad en beneficio de los hijos que no se hallan en situaciones de ganarse la vida, así como de los que no han adquirido o acabado de adquirir una profesión u oficio, hasta que los adquieran, salvo, en este último caso, que haya culpa grave del hijo, se encuentra dentro del espíritu de la Constitución, pues garantiza el derecho a la profesionalización con tuición del Estado y la sociedad, determinando la excepcionalidad en culpa grave del hijo, que como se dijo implica la ausencia de absoluta predisposición del hijo de someterse al proceso de educación superior, pretendiendo encontrar en la asistencia familiar un medio de subsistencia, cuando su objeto en la materia es totalmente distinto”.

En este contexto, al tener la prescripción su fundamento material principal en la paz social, de forma que las controversias jurídicas no se dilaten temporalmente o de manera indefinida y generen inseguridad jurídica, por otro lado, se encuentra el derecho de los hijos menores, a la asistencia familiar, los cuales si bien son exigibles y obligatorios, una vez determinados en proceso judicial, su cobro no puede encontrarse indefinido en el tiempo, esto en razón a que, producto del espacio, las circunstancias y las necesidades pueden modificarse; puesto que, los hijos que tenían necesidades indispensables en un tiempo y los padres que tenían la obligación de darlas, por la circunstancias del mismo pueden modificarse, resultando que las necesidades de los hijos que en un tiempo eran urgentes no lo sean en la misma intensidad en la actualidad, ya que los hijos alcanzaron la mayoría de edad y las capacidades para subsistir  independientemente y que los padres que estaban obligados a darlas no tengan ahora la capacidad de proporcionarlas por no contar con las mismas condiciones físicas e intelectuales para trabajar.

Contenido, extensión y pago de la asistencia familiar

La asistencia familiar mientras en la familia no exista discordia se realiza de manera espontánea y natural sobrepasando incluso los elementos básicos e indispensables para la subsistencia, pasando por aquellos elementos confortantes, por ejemplo dotación de medios de comunicación celulares, computadoras, Tablet, ropa de moda, colegios particulares, universidades privadas, viajes de recreación, vacaciones, llegando a aspectos suntuosos como son viajes al extranjero, estudio en universidades y colegios de prestigio, vestimenta de marca, etc., es quizás así como debería fluir las relaciones familiares, es decir de manera espontánea y natural donde los familiares disfrutan de su convivencia y se distribuyen los recursos económicos en la medida de sus necesidades y de complacencia de sus apetitos o deseos.  Pero, no obstante, el momento en que se incumplen de manera espontánea y voluntaria, es cuando se hace efectiva la necesidad de acudir a las entidades de administración de justicia para que se fije el contenido y extensión de la asistencia familiar que el obligado debe cumplir mínimamente.

Una de las formas de cumplimiento de la asistencia familiar es mediante la entrega de recursos económicos o dinero propiamente dicha tal cual lo establece el artículo 109 del Código de las Familias y del Proceso Familiar que comprende los recursos económicos que garantizan la alimentación, salud, educación, vivienda, recreación y vestimenta, pero se extiende inclusive a los gastos de embarazo y parto, pues así se comprende el parágrafo V del artículo 109.

Sin embargo, es necesario establecer los parámetros con los cuales se llega a determinar el “monto de la asistencia familiar” y estas son:

  • La necesidad de los beneficiarios, es decir que debe demostrarse que los menores de edad, los discapacitados e inclusive los mayores de edad no pueden proveerse por sí mismos con los elementos básicos de supervivencia, en virtud del cual el juez deberá fijar la asistencia conforme a los requerimientos mínimos, o a aquellos a los que no puede cubrir el beneficiario, puesto que se entiende que la persona a pesar de su discapacidad, tiene posibilidades de auto sustentase con esos elementos básicos o que tenga alguna forma de subsistencia demostrable.
  • De la misma forma debe demostrarse la capacidad económica del obligado para que pueda ser impelido a cumplir con la asistencia familiar; pero el artículo 64 de la Constitución Política del Estado determina que son los padres quienes en igualdad de condiciones y mediante el esfuerzo común deben proveer al mantenimiento y responsabilidad del hogar, de la educación y formación integral de las hijas y los hijos mientras sean menores de edad o tengan alguna discapacidad; por lo que se entiende que ambos padres deben proveer de forma equitativa en el sustento de los hijos.

A efectos de evitar que los padres que no tengan a su cargo la custodia de los hijos y a efectos de evitar arbitrariedades de jueces que fijen una asistencia mínima e irrisoria la ley establece que el MONTO MÍNIMO DE LA ASISTENCIA FAMILIAR debe ser del 20% del Salario Nacional de cada gestión; pero, esta disposición legal no determino que este porcentaje sea fijo para cada hijo o todos los hijos que solicitan una asistencia familiar, ante esta laguna jurídica se debe entender que la madre o la persona que tenga la custodia de los menores beneficiario deberá demostrar por todos los medios documentales la necesidad de aumentar este monto mínimo y que el juez debe valorar al emitir sentencia.

A modo de conclusión se debe entender que la Asistencia Familiar se rige por los siguientes principios:

  • Recíproca, por cuanto quien proporciona alimentos tiene a su vez el derecho de pedir en su oportunidad.
  • Personal, por cuanto la ley determina quién o quienes deben cumplir con esta obligación.
  • Irrenunciable, debido a que no está sujeta a la voluntad y arbitrio del beneficiario o del obligado, debido a que la asistencia familiar es de orden público y de interés social.
  • Intransferible, porque son el padre, madre, hijo u otro familiar quienes están obligados a asistir a sus otros familiares-
  • Intransigible, la asistencia familiar no está sometida a negociación de ninguna formal.
  • Inembargable, la asistencia familiar no puede ser objeto de embargo o de retención.
  • Incompensable, el obligado no puede pretender cumplir con su obligación arguyendo compensación de ninguna forma.
  • Proporcionalidad, la asistencia familia está fijada de acuerdo a la necesidad y la posibilidad de otorgar esta obligación.
  • Oscilación de la prestación, la asistencia familiar puede reducirse o incrementarse de acuerdo a las necesidades y posibilidades del obligado.
Carrillo Abogados & Asoc.
Abogado, colegiado en el ICALP y el Ministerio de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, director de las páginas jurídicas SOLO DERECHO, SOLO JURISPRUDENCIA y de los periódicos digitales SOLO NOTICIAS y LOGOS BOLIVIA; docente universitario, autor de artículos de prensa y expositor en diferentes áreas del derecho.